Colombia no puede ser el Israel de América Latina

Algunos creen que la crisis desatada tras el asesinato de Raúl Reyes es un simple conflicto bilateral entre Colombia y Ecuador. Nada más lejos de realidad. Es el choque entre dos proyectos hemisféricos antagónicos: la Doctrina Monroe de EE.UU. sobre su derecho a interferir en los asuntos de las naciones latinoamericanas, y el proyecto del desarrollismo democrático y de autonomía regional de las fuerzas bolivarianas y latinoamericanistas.

Los avances en la integración económica (ALBA), financiera (Banco del Sur) y política (Unasur) dieron un salto cualitativo recientemente, cuando el Ministro de Defensa del Brasil anunció en Buenos Aires la constitución de un “Consejo de Defensa de América del Sur” para octubre de este año, lo que representa un desafío directo a la Doctrina Monroe. Las armas de Estados Unidos para detener el avance de la integración latinoamericana, encabezado actualmente por Brasil, son Colombia y la Cuarta Flota estadounidense, que Washington pretende reactivar y potenciar este año.

Colombia violó las normativas internacionales penetrando más de 10 km en territorio de Ecuador. Después, cometió un crimen de guerra asesinando a más de veinte guerrilleros de las FARC mientras dormían. Las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades ecuatorianas han revelado que, tras bombardeos aéreos, comandos especiales bajaron a tierra para rematar a los heridos. Se encontró un grupo de cadáveres apilados con disparos por la espalda, lo que sugiere la posibilidad de un fusilamiento. La precisión del ataque demuestra la utilización de una importante tecnología militar que pone sobre la mesa la posibilidad de la participación de los Estados Unidos en la masacre, al menos en tareas de información y localización del comando guerrillero.

Además, la inteligencia militar ecuatoriana cree que el espacio aéreo de Ecuador no solo se violó en la madrugada del 1 de marzo, sino también en la madrugada del 2, cuando helicópteros colombianos con visores nocturnos entraron para sacar a miembros de las fuerzas armadas y policía colombiana que aún estaban en territorio ecuatoriano.

Estas revelaciones demuestran que el ataque estaba planificado y que no se produjo tras una persecución “en caliente”, como afirmó Uribe. Demuestran que el gobierno colombiano está dispuesto a convertirse en el sicario del imperialismo estadounidense en Suramérica, cumpliendo el mismo papel y utilizando los mismos métodos que Israel en el mundo árabe.

El costo político de la agresión a Ecuador y de la muerte de Raúl Reyes fue fríamente aceptado por el gobierno de Uribe, porque sabía, como confirmó la portavoz de la Cancillería francesa, Pascale Andreani, que Raúl Reyes era el enlace de la guerrilla ante Francia, España y Suiza para la liberación de Ingrid Betancourt, que según fuentes de Ecuador y Venezuela se iba a producir este mes junto a la de secuestrados estadounidenses y colombianos.

A pesar de que las FARC han hecho público un comunicado por el cual indican que el asesinato de Raúl Reyes no afectará a las negociaciones por el intercambio humanitario, lo cierto es que los objetivos del presidente Uribe son claros: bloquear el proceso de entrega de rehenes de tal manera que quede bloqueada la posibilidad de devolución por parte de las FARC de Ingrid Betancourt.

Si bien la voluntad del ejecutivo colombiano de que Betancourt no regrese viva es una realidad cuestionable, lo cierto es que tras las declaraciones de los cuatro ex congresistas liberados el pasado 27 de febrero, en las que se indicaba la voluntad de la secuestrada de presentarse a las elecciones presidenciales de Colombia con un programa de paz para este país, ha puesto muy nervioso a Uribe.

Por último, los hechos ocurridos desde el 1 de marzo demuestran que Álvaro Uribe no tiene ningún interés en la paz, a no ser que signifique una derrota total de las guerrillas y permita el dominio absoluto del país a los paramilitares y los narcos. Hoy Colombia saldrá a la calle para denunciar el terrorismo de Estado. La manifestación, condenada por el gobierno y silenciada por los medios de comunicación, terminará con la IV Asamblea de Víctimas de Crímenes de Estado, en la que participarán más de 1.500 víctimas de las políticas guerreristas del eje Uribe-Bush.

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